Las garantías son producto de una deuda de Coopemex con el banco. Según los estados financieros de la cooperativa al 31 de diciembre pasado, las obligaciones eran por ¢15 mil millones en pagarés y ¢4 mil millones con respaldos hipotecarios.
“El Banco Popular se está llevando lo mejor y el resto, los 80 mil asociados, tendrían que esperar todo el proceso”, dijo Salazar.
Se intentó conocer la posición de Gerardo Porras, gerente del Banco Popular, pero la oficina de prensa de la institución indicó que no iban a dar declaraciones.
El banco reiteró en un comunicado que no van a referirse a ningún dato sobre sus clientes por el secreto bancario.
Además, informó que todas las operaciones crediticias están respaldadas con las garantías suficientes para su cancelación.
El Popular evidenció, en un informe interno del 5 de febrero pasado, el inminente riesgo financiero de la cooperativa, 12 días antes de la intervención.
Ese mismo día, el gerente del Popular le pidió a Coopemex entregar la cartera de crédito como dación en pago de la deuda, según lo establecen los contratos.
Detenida ayuda
Ante la ejecución de las garantías hecha por el Popular, Johnny Salazar, interventor designado por Sugef, dijo que el plan de ayuda que tenían otras cooperativas está suspendido.
“Una de las condiciones que ellos me manifestaron para poder asumir las deudas de los pequeños ahorrantes de Coopemex, era que no se diera la ejecución de las garantías por parte del Popular”, indicó Salazar.
El Interventor dijo que se ha reunido varias veces con el gerente del Popular para negociar la devolución de las garantías, pero la respuesta ha sido que no.
Así que interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
“La ley 7558 del Banco Central, artículo 140, establece que durante un proceso de intervención no se puede hacer este tipo de embargo ni remates, ni procesos judiciales en contra de la entidad intervenida”, explicó Salazar.
Johnny Salazar, interventor de la Sugef en Coopemex, explicó que aunque el Popular pidió ejecutar la garantía 12 días antes de la intervención tenía que reversar esa operación.
Según Salazar, la ejecución de las garantías se dio durante el proceso de intervención. El temor del Popular radicaba, según Salazar, en que debían aprovisionar ¢18 mil millones ante los problemas financieros de Coopemex. Sin embargo, el Conassif hizo una modificación a esa regla y estableció que las entidades financieras no tenían que hacer ese resguardo de dinero.
No sólo el Popular, dijo Salazar, sino también otras entidades a las que Coopemex les debe. “Hasta el momento ni al Popular ni a otra entidad se les ha dejado de pagar”, comentó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario